BanRepública dio a conocer razones de la inconveniencia del proyecto. Dice que entidades tendrán dificultades para saber cuál es el riesgo crediticio
El proyecto de borrón y cuenta nueva de la información de las centrales de riesgo, que actualmente hace su trámite en el Congreso, ha sido recibido con
preocupación por el impacto que podría tener en el otorgamiento de crédito a todos los consumidores.
De hecho, ayer en una audiencia pública, representantes del Gobierno, del Banco de la República y de las entidades financieras, advirtieron nuevamente sobre la inconveniencia de dicho proyecto para el otorgamiento de crédito.
Y es que no solamente afectaría el acceso a préstamos, sino a las personas que reciban un desembolso podrían pagar tasas de interés mucho más altas de las que pagan hoy, debido a la falta de información real sobre los niveles de riesgo.
En efecto, al no contar con información suficiente sobre los hábitos de pago de los consumidores, las entidades se verán en dificultades para poder determinar cuál es el riesgo crediticio que asumen al prestarle a alguien.
Un informe de Asobancaria señala que «la consecuencia inmediata es un análisis del riesgo inadecuado que podría derivar en una mala colocación de recursos, que en gran parte provienen de los depósitos de los ahorradores, y en un deterioro de la calidad de la cartera».
Así, todos podrían considerarse clientes de alto riesgo, a menos que tengan garantías reales (como finca raíz, automóviles y otros inmuebles), o garantías
personales (fiadores y codeudores).
Por esta situación, se estima que cerca de 28 millones de personas se verían afectadas, principalmente de la población más vulnerable o de menores ingresos.
GARANTÍA REPUTACIONAL
Hasta ahora, para las personas que no tienen un activo para respaldar sus créditos (el 90% de la población), existe una garantía reputacional, que no es otra cosa que la información que queda consignada en las centrales de riesgo sobre cómo se comporta cada persona a la hora de responder por sus obligaciones financieras, ante las diferentes entidades.
Así, al perderse esta información, también desaparecería esa garantía, que es para las entidades una señal sobre si deben o no hacer un préstamo y en qué
condiciones de tasas, plazos y garantías.
Por otra parte, Asobancaria señala que esta norma estimularía la cultura de no pago. Esto, «si se tiene en cuenta que, en un término de cinco años, los deudores que nunca atendieron sus obligaciones pueden continuar solicitando préstamos sin riesgo de que las entidades conozcan su comportamiento de impago».
Además, conocedores del tema señalan que, lejos de beneficiar a aquellos que han tenido un reporte negativo, esta disposición afecta a todas las personas que, en algún momento necesiten acceder a un crédito.
IMPACTO DIRECTO
Dicho de otra forma, estimaciones hechas por la industria señalan que este proyecto beneficiaría al 8% de las obligaciones negativas, pero afectaría el valor del 92% de quienes pagan a tiempo o tienen reportes positivos.
Por otra parte, estimaciones del sector señalan que, en promedio, la tasa de interés en los créditos podría estar hasta ocho puntos porcentuales por encima
de la que se paga hoy.
De acuerdo con los estimativos del gremio, por las mayores exigencias que deben hacer los bancos y los costos de esta operación, se calcula que habría una
reducción superior al 10 por ciento en el otorgamiento de nuevos microcréditos y de hasta 24 por ciento en las tarjetas de crédito, por parte de las instituciones financieras.
El presidente de Colombia Fintech, Erick Rincón, señala que este proyecto no es solo un tema de las entidades financieras tradicionales sino que también afecta instrumentos de financiación alternativa que otorgan las fintech.
«Deben revisarse con suficiencia todos los aspectos técnicos del proyecto de ley y revisar las implicaciones de una amnistía. Además, tiene unas condiciones
que operativamente son muy difíciles de desarrollar para cualquier tipo de acreedor, un ejemplo de ello son los requisitos de notificación», explicó el
directivo de Colombia Fintech.
EFECTO SOBRE LA INCLUSIÓN FINANCIERA
Personas que le han hecho seguimiento al trámite del proyecto señalan que esto representaría un freno en seco en la inclusión financiera que se ha venido desarrollando en la última década, pues el 70% de los créditos se han desembolsado a personas de estratos 1, 2, y 3, Y un dato adicional: afectaría de manera especial a las mujeres, quienes piden créditos especialmente con fines productivos.
Así, al verse limitado el acceso a los créditos, muchas personas no tendrían más alternativa que volver a recurrir al ‘gota a gota’ o a otros mecanismos de
créditos informales.
¿QUÉ CONTIENE EL PROYECTO?
El proyecto de ley 053 de 2018, que hace trámite en el Congreso, busca modificar y adicionar la Ley de ‘Habeas Data’ del 2008. Además, plantea reducir
el tiempo de permanencia del reporte en las centrales de riesgo al tiempo que duró la mora, con un máximo de dos años, al igual que fijar en cinco años el
término de caducidad de los datos negativos, así no se haya cumplido con las obligaciones.
También obliga a las entidades financieras a notificarles a sus respectivos deudores morosos que se hará un reporte a las centrales de riesgo cuando
incumplan con sus obligaciones, lo que es diferente y más costoso que el deber de informar.
Fuente: Portafolio.co
mayo 20 de 2019
